La efectividad de los límites nacionales en la mar
Autor: Valentín Paz-Andrade
Data de publicación: 15 de maio de 1934
Medio: Industrias Pesqueras
Uno de los problemas que más seriamente afectan al ejercicio de la pesca ahora que las actividades de esta industria extravasan los ámbitos de antiguo frecuentados, el de la efectividad de los límites de las aguas territoriales de cada país.
Se ha desarrollado en casi todos estos una tan extraordinaria sensibilidad, para celar la condición de inviolable inherente al patrimonio de cada soberanía marítima, que los incidentes entre los buques de una bandera y las autoridades de otro Estado, se suceden con frecuencia y virulencia excepcionales.
No nos referimos solamente, como el lector habrá imaginado, al caso de Portugal. Los episodios de este linaje también se suscitan con Francia, con Irlanda, con Inglaterra, desde que nuestras flotillas de altura trabajan los caladeros próximos a las costas de estos países.
España tiene hoy en la mar un número de unidades navales dedicadas a la pesca muyconsiderable. Son varios cientos de millones los que anualmente enrran en nuestros puertos, arrancados al patrimonio universal del mar libre, por los aparejos de los pesqueros. No se puede, por tanto, admitir la tradicional postura inhibitoria del Estado español, frente a las numerosas contingencias que a este importantísimo elemento de riqueza, suelen sobrevenirle.
El caso de Portugal es particularmente interesante. La proximidad de sus aguas a las de España, e sedimento de constantes desavenencias marítimas, y otras circunstancias cien veces glosadas en publicaciones de esta índole, dan a este problema una tal complejidad externa, que atemoriza un tanto a los llamados a abordarlo.
Debido a estos temores, a esta falta de suguridad que produce el desconocimiento del asunto, y a la desconfianza respecto a la justicia que a los españoles asiste, no se decide por parte de España el acontecimineto de una acción resuelta, que pueda poner término al problema. La industria pesquera padece, pues, las consecuencias de un artificioso estado de cosas, ya que en el fondo ni existe tal complejidad, ni son de temer consecuencias graves al abordar la solución, ni por parte de los españoles aexiste otra cosa qeu razón sobrada para exigirla con todo empeño.
Muchas veces se ha apuntado en estas y otras columnas, el remedio para el mal a que se contraen estas consideraciones. España debe pagar a Porugal en la misma moneda: a plicar a sus barcos la misma ley que se aplica a los nuestros.
Solo así se podrá alcanzar el término de una situación embarazosa e insostenible, que a los propios portugueses, en gran mayoría, resulta francamente deplorable.
En realidad parece increible que, teniendo en la mano un remedio tan hacedero, España mantenfa su tradicional inhibición frente a la crudeza acuciante de este problema. Portugal no puede quejarse de que a su rigor, se conteste con el mismo rigor. Sintiéndolo en su propia carne, será como podrá advertir la injusticia que comete con nuestros pescadores, aplicando sin compasión como el sangrante caso de la pareja “Odonell” - “San Fernando”.
Es necesario, por tanto, que a las altas esferas del poder llegue de nuevo este clamor de la industria pesquera occidental, sobre la que se cierne constantemente a amenaza de la intromisión portuguesa. El Gobierno que rige los destinos del país no hará nada de más, con escuchar los clamores de este sector de las actividades marítimas. U atenderlos en cuanto sea factible y justo, aventando infundados temores y pueriles escrúpulos.
Nos referimos, al comienzo, a otros países excesivamente celosos de la intangibilidad de sus límites por mar. Irlanda, por ejemplo, parece entregarse ahora a esta actividad, y no sería extraño que surgiesen estre nuestros capores y las autoridades del Estado Libre, algnas contingencias desagradables en la costera ue ahora se está desarrollando.
También con relación a este aspecto del problema general, será preciso obtener la atención del Ministro de Estado. Este centro administrativo, por medio de las representaciones diplomáticas u consulares en las Islas Británicas, puede precenir las consecuencias de cualquier choque, anunciado casi en las informaciones de procedencia irlandesa que llegan a los medios pesqueros españoles.
No se trata de que España tome una ofensiva injustificada en la resolución de estas cuestiones. Pero si tales cuestiones existen por voluntad agena a la nuestra, resulta suicidaignirarlas, o dejar en el abandono más completo, ante el cariz grave que van tomando, a los ciudadanos españoles, que aventuran su capital su vida en empresas de este linaje.
La misión tutelar del Estado, es en esas acciones de protección jurídica ante el ataque extraño, donde primero debe manifestarse.
MAREIRO.
